Despilfarro publicitario

Francisco Alor Quezada, presidente municipal de Benito Juárez, gastó en los rubros de comunicación, publicidad y difusión 56.7 millones de pesos, cuando en el presupuesto de egresos 2006 le autorizó sólo 18 millones 88 mil pesos. A pesar de haber rebasado en casi 40 millones su presupuesto, arrastra una deuda de 27 millones de pesos con los medios de comunicación.

A cuenta gotas y a través de diferentes solicitudes de información, se ha logrado armar un confuso rompecabezas del escandaloso dispendio que Alor Quezada realizó en medios de comunicación durante el 2006, apenas menor a lo presupuestado para el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que fue 60.8 millones de pesos.

El alcalde de Cancún, ha contratado los servicios de medios locales, nacionales e incluso del vecino estado de Yucatán, donde hace unos meses se registraron elecciones para renovar la gubernatura y las presidencias municipales; una de ellas, la de Valladolid, fue ganada por su cuñado, Mario Peniche Cárdenas.

El gasto que Francisco Alor ha realizado en medios de comunicación y agencias de publicidad, empresas de diseño, impresión, e incluso consultorías, resulta por demás extraño, y la duda, en lugar de despejarse, se hace cada vez mayor, ya que el ayuntamiento de Benito Juárez se ha negado a dar cumplimiento a una resolución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo (Itaipqroo), que le ordena detallar el monto de los contratos que tiene con 22 medios de comunicación.

Ante esta situación, la Unidad de Transparencia de Cancún se convertiría en la primera entidad del gobierno de Quintana Roo en desacatar un mandato de cumplimiento obligatorio, emitido por el Itaipqroo.

Fuentes cercanas a la Unidad de Transparencia señalan que el edil dio instrucciones para no entregar más información a este medio, pues a través de esa oficina se han puesto al descubierto innumerables irregularidades cometidas por el abogado Francisco Alor Quezada. Por ejemplo, se quedó con seis automóviles Stratus modelo 2005, que recibió en donación de La Roca Country Club, y que no están registrados en el inventario de vehículos del ayuntamiento.

También, por medio de solicitudes de información se ha documentado que el ayuntamiento de Benito Juárez llegó a acumular una deuda de 202 millones de pesos con proveedores; a pesar de haber vendido 13 predios con la intención de saldar los pasivos, superando en la venta de inmuebles a la anterior administración.

Igualmente, a través de información entregada por la Unidad de Transparencia, se puso a la vista el contrato que Francisco Alor firmó con Fernando García Zalvidea,  el hermano de “El Chacho”, quien le “donó” 13 camionetas, como parte de los “arreglos” para poner en libertad al exalcalde perredista Juan Ignacio García Zalvidea, quien fue denunciado por la administración alorcista por el delito de peculado.

Debido a todas esas “incontrolables fugas de información”, el presidente municipal de Cancún decidió oponerse a toda transparencia que amenace con resultarle incómoda.

El desacato

El 26 de marzo se presentó ante la Unidad de Transparencia de Benito Juárez una solicitud de información en la que se pide conocer cuáles y cuántos son los convenios que tiene el ayuntamiento con los medios informativos, así como detallar el nombre de cada uno de éstos, duración de los contratos y monto convenido.

El 16 de abril, la Dirección de Comunicación Social responde que tiene 22 convenios de un año en los siguientes medios informativos: Promovisión del Caribe, Televisora de Cancún, T.V. Azteca, Turquesa Organización, Crea Actividad Vera, Grupo Acir, Imagen y Soluciones Integrales, Novedades de Quintana Roo, Organización Editorial Cancún Caribe, Compañía Editora Nuestra América, Editorial La Palabra, Radiofónica California, Producciones La Risa, Grupo Arte y Comunicación S.C., José Ángel Hernández Rivera, Martín Vázquez López, Francisco Campos Arana, José Ynés Peraza Azueta, Pedro Noh Canto, Yvette Hsse Espinosa, entre otros proveedores de servicios publicitarios, con un monto ejercido de 56 millones 774 mil 277 pesos.

En esta respuesta, el ayuntamiento oculta los convenios o contratos firmados con medios de comunicación nacionales, pero además, sólo enlista 20 de los 22 convenios que dice tener. Por esta razón se interpone un Recurso de Revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo, mismo que el 27 de junio se resuelve de manera favorable al peticionario, con lo que se ordena a la Unidad de Transparencia de Benito Juárez la entrega de la información solicitada:

“(…) se ordena a dicha Unidad de Vinculación a entregar únicamente la información consistente en “Detallar el nombre de los veintidós medios informativos que tienen convenio con el ayuntamiento y detallar el monto de cada uno de éstos (…).”

Aunque el Itaipqroo es la instancia superior y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento, la Unidad de Transparencia de Francisco Alor vuelve a emitir un incomprensible oficio en el que acepta que existe una revocación que le ordena entregar la información, el 2 de julio pasado, pero se niega a proporcionarla, “amparado” en un acuerdo emitido con fecha posterior a la resolución del recurso: “(…) en virtud del acuerdo mencionado en los considerandos del presente, se determinó que la información que usted solicita es de carácter Reservado”.

A través de un oficio enviado por esta reportera al Itaipqroo, este Instituto tiene ahora la obligación de hacer cumplir lo ordenado en el acuerdo del recurso de revisión RR/007-07/ENMC. Además, debe aplicar, a su juicio, alguno de los siguientes medios de apremio: amonestación o multa equivalente al monto de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general diario vigente en el Estado.

Si la Unidad de Transparencia de Benito Juárez insistiera en su negativa de no proporcionar la información, el Instituto deberá solicitar la destitución del servidor público que incumplió el mandato, según lo establece el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo.

La Contraloría del Estado, por su parte, también tendrá que resolver la sanción que aplicará al funcionario público que ha incurrido en desacato, en virtud de la queja presentada ante este órgano.

Hasta el cierre de esta edición ninguna de las dos instancias estatales se había pronunciado en torno al caso, pero sea cual fuere la resolución, sentará precedentes en la historia del acceso a la información en Quintana Roo, pues se pone a prueba la solidez de las instituciones involucradas.    

Niegan información por consigna

La maniobra más reciente del Presidente Municipal de Benito Juárez fue ordenar a la Unidad de Transparencia de su municipio la clasificación de toda la información relativa a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales como “reservada”; ello después de que Contralínea Quintana Roo solicitara los convenios celebrados entre el ayuntamiento y casi 30 medios de comunicación, imprentas y agencias de diseño y publicidad.

El 11 de junio se solicitaron los convenios que el presidente municipal de Cancún ha firmado con medios de comunicación nacionales, estatales y de la vecina entidad de Yucatán, sin embargo, Francisco Alor y su Unidad de “Transparencia”, decidieron publicar en el Diario Oficial del estado el acuerdo UVTAIP/DG/ACL/001/2007 para clasificar como “reservado” lo relativo a contratos o convenios con medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales.

Entre los contratos requeridos se encuentran los que el ayuntamiento de Benito Juárez celebró con La Jornada, El Universal, El Financiero, Ovaciones, Quehacer Político, Proceso, La Prensa, Excélsior, Milenio, Grupo Acir, México Radio, y Televisora de la Península.

El 22 de junio, a través de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UVTAIP), la Dirección de Contabilidad del ayuntamiento solicitó prórroga por 10 días para dar respuesta a las solicitudes de información realizadas. 

El 9 de julio, la misma Dirección de Contabilidad, con el aval de la Unidad de  Transparencia, determinó que no entregaría la información con base en el acuerdo UVTAIP/DG/ACL/001/2007 del 2 de julio en el que se establece que: 

“(…) se considera procedente el establecer como reservado todos los datos, documentos e información relativa a los compromisos, contratos o convenios celebrados o suscritos con medios informativos locales, nacionales e internacionales, o empresas de promoción, publicidad, propaganda y el municipio de Benito Juárez (…)”.

El “argumento” esgrimido por los funcionarios obligados a proporcionar los datos es que la entrega de la información “puede poner en riesgo la privacidad de las empresas contratantes así como podría proporcionar información patrimonial de las mismas empresas privadas o los titulares de los derechos, poniendo en riesgo su seguridad y/o patrimonio, así como lesionar los procesos de negociación que el ayuntamiento de Benito Juárez realice en cumplimiento de su función pública y puede ser perjudicial al interés público”.

Este “acuerdo”, también impide conocer qué trabajos hizo la empresa “Corporación Mexicana de Estrategias Económicas y Ciencias Políticas”, o el señor “Bernstorff Solís Johann Bertholdt Primero”, a quien se le adjudicó por asignación directa un contrato por “Servicios de Diseño y elaboración de campaña publicitaria”; tampoco permite saber qué hicieron innumerables compañías dedicadas a la impresión y al trabajo publicitario y creativo. Empresas por cierto, ampliamente requeridas en campañas políticas.

El acuerdo número 001 es el primero en su tipo, al menos en el 2007.

Sin fundamento, ni sustento legal, la Unidad de “Transparencia”, en contubernio con el Alcalde, la Dirección de Contabilidad y la de Comunicación Social, avaló el acuerdo con el objetivo de ocultar los convenios y su contenido.

Compromisos con los medios

Aunque 56 millones de pesos en comunicación y publicidad parece una cifra exorbitante para una alcaldía, más extraño resulta que este presupuesto fue insuficiente, ya que el ayuntamiento cancunense mantiene adeudos con prácticamente todos los medios de comunicación.

Fue a través de la solicitud de información UVTAIP/ST/078/2007 que se logró conocer cómo ha gastado el alcalde de Cancún parte del presupuesto en medios.

En la referida petición de información hecha ante la UVTAIP del municipio de Benito Juárez, se requiere la entrega de la “lista actualizada de proveedores con los que se tienen adeudos, detallar nombre de éstos y monto de la deuda”.

En la respuesta emitida por la Dirección de Contabilidad, se precisa que la deuda total que mantiene la administración de Francisco Alor es de 202 millones 450 mil pesos y sus principales acreedores son los medios de comunicación.

Desde la revista Proceso hasta un portal de noticias de Yucatán, Francisco Alor Quezada ha realizado un ostentoso dispendio en medios de comunicación.

En el padrón de proveedores, están prácticamente todos los medios de comunicación locales: televisoras, periódicos, radiodifusoras e incluso los nombres de conocidos columnistas.

Publicado: Año 2 Septiembre 2007 / Número 17