Después de 26 años de que fuera creado el Parque Nacional Tulum (PNT), por decreto presidencial en 1981, y en medio de litigios promovidos por los posesionarios de terrenos ubicados dentro del polígono, el gobierno de Quintana Roo se sumó a la polémica jurídica e interpuso un recurso administrativo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por considerar que la extensión del PNT es “excesiva”.
La intención del gobierno del estado es desconocer el PNT y ampliar los terrenos comercializables de esta zona para así activar las inversiones hoteleras que están a la espera de una definición, sobre todo, luego de que el Congreso del estado, aprobara en Comisiones, la creación del municipio de Tulum.
El crecimiento económico de Tulum depende del desarrollo hotelero, el cual se vería seriamente restringido si los tribunales federales confirman el decreto por el que se crea el Parque Nacional, integrado por 664 hectáreas.
Fue en abril pasado cuando el Instituto de Patrimonio Administrativo del Estado (IPAE) interpuso ante la Semarnat un recurso de revisión en contra del decreto de 1981, a través del cual pretende dejarlo sin efecto. Las autoridades estatales no han definido si se trata de anular la creación del Parque o sólo una franja del mismo, pero lo único cierto es que el gobierno de Quintana Roo con esta iniciativa jurídica inclinó la balanza hacia el lado de los intereses empresariales.
Patricio Martín, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en Quintana Roo, considera que el recurso administrativo interpuesto por el gobierno del estado resultará improcedente: “desconozco el contenido del recurso, no lo he visto, pero no veo cómo pueda proceder. Al gobierno desde hace mucho se le vencieron todos los términos para pretender la nulidad del decreto”.
Añade que “probablemente lo que busca el gobierno es generar un acto de aplicación, quiere tener una resolución atacable, porque por ahora no existe un instrumento legal que declare nulo el decreto, y lo más probable es que cualquier autoridad administrativa y judicial, tanto para el caso de los amparos de particulares como del recurso del gobierno del estado, confirme la creación del Parque, tan y como fue decretado, es decir, con una parte dentro del mar y otra en tierra”.
Gobierno desconoce extensión de sus propiedades
La razón por la que el gobierno de Quintana Roo y los posesionarios de terrenos están intentando anular al PNT, radica en la alta plusvalía que han adquirido, pero mientras los particulares han interpuesto amparos, precisando la extensión de sus propiedades, el IPAE dice desconocer cuántos terrenos tenía el gobierno desde la emisión del decreto de 1981, y aún más, tampoco puede establecer cuántos tiene ahora.
A través de la solicitud de información 208-2007 se requirió al IPAE “decir cuántas propiedades tiene actualmente el gobierno del estado dentro del PNT, su extensión y ubicación”. En respuesta, este Instituto señaló que: “(…) no se cuenta con esa información, porque la titularidad del fundo legal de Tulum, se encuentra actualmente en litis administrativa ante la Semarnat, hasta tanto se defina la legitimidad del Decreto de expropiación que la Federación hiciera sobre éstos, y a las resultas de ese recurso legal, es cuando se podrá saber la superficie real con la que quedará el fundo legal de Tulum (…)”.
La negativa del gobierno del estado de dar a conocer cuántos terrenos posee dentro del Parque Nacional Tulum, fue confirmada con la negativa por parte de la titular del Instituto de Patrimonio Administrativo del Estado, Gina Patricia Ortiz Blanco, con quien se solicitó una entrevista, que no fue concedida.
Según el IPAE, de 1981 a la fecha, el gobierno no cuenta con ningún documento que soporte los actos jurídicos de venta, donación o permuta de terrenos que poseía o posee dentro del PNT, esto es, ha dispuesto discrecionalmente de éstos.
La justificación del IPAE es que “es un organismo descentralizado, de reciente creación (30 de mayo de 2005) y su patrimonio se conforma con las transferencias de activos inmobiliarios que le han estado realizando diversos entes de la Administración (…), quienes únicamente, a la fecha, le han efectuado entrega documental de los títulos de propiedad de bienes inmuebles, cuya traslación de dominio en su momento era susceptible de ser transferida, excluyéndose los documentos de las operaciones de comercialización o enajenación efectuadas con particulares recientes o históricas (…)”.
Ciertamente, el IPAE sustituyó al Fideicomiso Caleta Xelhá y del Caribe (Fidecaribe), en medio de suspicacias relacionadas con la disposición irregular de terrenos propiedad del estado. La creación de este instituto fue interpretada como la intención del gobierno del estado de “enterrar” el mal manejo del patrimonio estatal por parte de Fidecaribe y ahora el IPAE encuentra una salida sencilla para no dar cuenta de la venta de terrenos del Parque Nacional Tulum.
El parque que todos quieren explotar
Del 23 de abril de 1981 –fecha en que fue publicado en el Periódico Oficial el decreto de creación del Parque Nacional– hasta ahora, han pasado 26 años. Durante todo este tiempo el PNT ha permanecido sin un plan de manejo, y lo que es aún más grave, no se consolidó el proceso expropiatorio.
El estatus de parque nacional representa el umbral de protección más alto de una zona: su destino es la conservación, investigación y divulgación, y se prohíbe cualquier tipo de construcción. No obstante, dentro del PNT existen casi mil cuartos de hotel que fueron autorizados por la Semarnat, de la cual depende la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
La polémica sobre el Parque Nacional se avivó en la presente administración, cuando el municipio de Solidaridad, en abierto apoyo a los propietarios, lo contempló dentro del Plan Director de Desarrollo de Tulum (PDDT) y le asignó densidades.
En su propuesta, el municipio determinó una densidad de quince cuartos de hotel por hectárea para una parte del polígono del Parque Nacional Tulum, lo que equivale a que dentro de 215 hectáreas se podrían construir más de tres mil habitaciones; lo que representaría ocupar menos de la mitad de las 664 hectáreas de esta supuesta área natural protegida. Estas habitaciones se sumarían a las 954 que ya existen.
Del total del Parque, el 59.72 por ciento –equivalente a 396.75 hectáreas– quedaría como área de protección ambiental y el 40.28 por ciento, 267.56 hectáreas, como áreas públicas y de usos turísticos. El proyecto fue rechazado por la Conanp, instancia que debe dar su visto bueno para que el Plan Director pueda ser aprobado, lo cual no ha sucedido.
El Parque Nacional Tulum tiene una extensión de 664 hectáreas y fue decretado área natural protegida el 23 de abril de 1981. Sin embargo, varias inconsistencias jurídicas lo han hecho blanco fácil de más de un centenar de propietarios de los terrenos.
En el decreto del PNT, publicado en el Periódico Oficial, se señala que éste se ubica en el municipio de Carrillo Puerto; nada más inexacto, pues cuando se le dio estatus de parque, esta área pertenecía a Cozumel.
De acuerdo a mediciones catastrales y siguiendo las coordenadas que marca el decreto, 280 hectáreas del polígono se encuentran en el mar y 384 están sobre tierra.
Los propietarios, muchos de los cuales cuentan con títulos emitidos por la Secretaría de la Reforma Agraria, nunca fueron indemnizados por el gobierno federal, lo cual se reconoce incluso en el borrador del Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Tulum de marzo de 2007.
En el apartado 5.2 de dicho documento se refiere que “la problemática más acentuada que presenta el Parque Nacional Tulum es la concerniente a la tenencia de la tierra”. En el apartado 6.6.5 “Componente legal y jurídico”, se establece como una de las metas del Programa de Manejo “contar con los procesos de expropiación concluidos mediante el pago de adeudos a presuntos propietarios afectados” y “gestionar ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales los avalúos necesarios para la aplicación de pagos a los propietarios afectados por el decreto expropiatorio de 1981”.
De estas inconsistencias (la ubicación geográfica, la localización física del parque, la falta de indemnización, la ausencia de un plan de manejo y las múltiples autorizaciones que la Semarnat otorgó para construir centros de hospedaje) han echado mano los particulares y el gobierno para buscar revertir el decreto del Parque Nacional Tulum.
Publicado: Año 2 Septiembre 2007 / Número 17
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