El actual propietario de los bares The One y Maxim, en Playa del Carmen, Raúl Martins Coggiola, está bajo la mira de las autoridades mexicanas acusado de promover la prostitución, trata de blancas y tráfico de extranjeras, entre otros ilícitos, por lo que esa negociación ha sido cateada por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Tanto el Instituto Nacional de Migración, como la Procuraduría General de la República, reportan sus operativos a la Secretaría de Gobernación, en donde se planea todo lo necesario para que el empresario argentino pueda ser capturado durante la inminente Operación Quintana Roo, promovida por el gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado.
Martins Coggiola se convertiría así en el “trofeo” que expondrá el gobierno federal como parte de sus logros y conquistas, en el marco de los operativos que inició el presidente Felipe Calderón primero en su natal Michoacán, luego continuaron en el norte del país, y han considerado a Quintana Roo como otro foco rojo en donde opera la delincuencia organizada.
El dueño de los centros The One y Maxim fue denunciado por su ex abogado, Claudio Lifschitz, quien repuso que "los mejores clientes de The One, son narcotraficantes, empresarios y políticos", aunque cabe destacar que este personaje (el abogado) a su vez fue objeto de varias demandas penales por parte de ciudadanas extranjeras que lo acusaron en Cancún de lenocinio y trata de blancas.
Pero conforme a los primeros reportes, fueron denunciados varios agentes adscritos a la delegación Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que se supone que ellos fueron quienes dieron el oportuno “pitazo” a Raúl Martins, sobre las intenciones gubernamentales en su contra. Fue así como tuvo oportunidad de que operaran a su favor sus abogados mediante la Ley de Amparo.
Por ello resultó un fracaso el despliegue realizado por agentes del INM y de la Procuraduría General del la República para capturar a Martins, en plena zona hotelera. Ahí los encargados, no obstante que gozan de un amparo vigente, permitieron la incursión “controlada” de los agentes bajo la supervisión del personal subordinado al argentino.
Ello da un marco de legalidad a las actividades de Martins, derivado de un contubernio con empleados menores de las dependencias citadas así como de otra instancias del gobierno estatal y municipal. En este último caso, el Ayuntamiento de Benito Juárez debe resolver entre enero y febrero de este año la ampliación del permiso para el antro The One, aunque el alcalde Francisco Alor ya adelantó que no se le renovará el documento.
Raúl Martins enfrenta en Cancún la activación de una alerta migratoria, por lo que es sujeto de una intensa investigación por parte de la PGR para dilucidar los pormenores de una supuesta red internacional de prostitución con base en mujeres extranjeras que tienen su base de operación en el The One, de Cancún, y en el centro nocturno Maxim, que tiene en Playa del Carmen.
En la mira del INM
Los primeros reportes del caso mencionan una extensa red de complicidades y corruptelas que obstaculizan las acciones legales en contra de Martins Coggiola y sus giros negros. Además de que buscan corroborar nexos con el narcotráfico y las recientes narcoejecuciones ocurridas en el principal destino turístico de México y el mar Caribe.
Cabe destacar que el INM se ha tornado especialmente meticuloso con el empresario argentino y sus familiares. Tal es el caso de su hijo Mariano, quien ante la alerta Migratoria correspondiente ha verificado el estatus legal de su esposa, Estela Percivall, las hermanas de ésta, Natalia y María Eugenia, todo ello conforme a derecho.
Asimismo, algunos expedientes de elementos del INM fueron turnados a la Contraloría Interna para su revisión, ante la presunción de que han privilegiado a Raúl Martins. Los funcionarios investigados son: Daniel Pérez Romero, Roberto Pérez Cabrera y Ricardo Álvarez, involucrados en el otorgamiento de los permisos de internación de varias bailarinas del The One.
El delegado de la PGR en Quintana Roo, Pedro Ramírez Violante, mencionó que en los últimos años Raúl Martins promovió más de una veintena de amparos con el objeto de obstaculizar la acción de la justicia. El funcionario adelantó que sólo le queda en vigencia uno, por lo que de un momento a otro caerá en manos de la justicia. Precisó que esta persona no tiene una orden de aprehensión, tiene una Alerta Migratoria para que él vaya y esclarezca su situación ante el Instituto Nacional de Migración.
Ramírez Violante dijo que ese amparo es para que no sea detenido por la autoridad migratoria y mucho menos deportado, “esa es una de las consecuencias de ese amparo”.
Consideró que las autoridades administrativas de los gobiernos estatal como del municipal, se encuentran por tanto impedidas para evitar que el local del The One se mantenga en funcionamiento. “Habría que esperar al vencimiento del amparo, sostuvo, para que las autoridades ejerciten sus acciones”.
El caso es que Martins Coggiola está obligado a presentarse ante el INM, con el interés de que aclare su situación migratoria, como parte del procedimiento que tiene vigente para su deportación, en su caso.
Mencionó que la PGR lleva a cabo una indagatoria en contra de Martins Coggiola pues, presumiblemente, en “The One” laboran personas sin el debido estatus migratorio, en lo cual pudiera estar implicado este argentino, pero eso se tiene que esclarecer, reconoció que en un reciente cateo no se encontró a ninguna persona extranjera.
Dicha pesquisa abarca también a los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes supuestamente han permitido que en The One trabajen bailarinas extranjeras, sin sus papeles en regla.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo precisó que no existe demanda alguna contra del ex agente de inteligencia argentino Raúl Luis Martins.
El socio fraudulento
Luis Martín Coggiola también tiene en su expediente siete quejas, de hace tres años, por los delitos de administración fraudulenta y robo, mismas que fueron asentadas por ex socios que tuvo en presuntas actividades de prostitución. Las denuncias fueron interpuestas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común con sede en la zona hotelera de esta ciudad, y siguen en la "congeladora".
El subdirector de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría General de Justicia del estado en la Zona Norte, Luis Raymundo Canché Anquino, dijo que se revisarían los expedientes para ver su estatus y darle seguimiento legal.
Una de las querellas refiere que Raúl Martins no reportaba ganancias a sus socios en la empresa Turística Swing, S.A. de C.V., con lo que incurrió en una doble contabilidad que presuntamente engañó al fisco y a sus propios clientes.
Las denuncias están bajo los números de averiguación previa AP/CAN/89-501/04 y la AP/CAN/262/04 por los mismos delitos; además de las existentes en Tijuana donde se le sigue el proceso AP/565/2004 por abuso de confianza y administración fraudulenta.
También hay denuncias por amenazas, conforme se asentó en las averiguaciones previas ZH/433/2004, ZH/434/2004 y ZH/435/2004, todas en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en la zona hotelera.
En esa demarcación se interpuso una interpelación judicial para pagos de pérdidas y pasivos de las empresas que defraudó, conforme el expediente 270/2005 del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia.
Bajo sospecha
Un hecho aún no esclarecido en torno a Raúl Martins es el homicidio en 2004 del noruego Peterson Kenneth Turbjorn, alias Mike Arturo Wilson García, quien era novio de su hija Lorena Martins, y apareció asesinado en la zona hotelera. La joven se refugió en España.
Mientras el empresario Isaac Hamui Abadi negó todo vínculo o sociedad con Raúl Martins, luego que saliera a relucir que presuntamente intervino ante el procurador estatal, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, para que no se indagara en torno a la agresión física que sufrieron unos agentes del Instituto Nacional de Migración durante una diligencia en el The One en 2005, fecha en que se emitió la citada “alerta migratoria” contra el argentino.
Según el expediente del INM; en mayo de ese año agentes del Instituto pretendían realizar en compañía de elementos de la Fuerza Interinstitucional Policial (FIP) un operativo de verificación, pero fueron agredidos físicamente por elementos de seguridad privada. Para esos momentos no contaban aún con el respaldo policial. Luego Martins Coggiola interpuso una querella por robo en contra de los funcionarios federales.
Ante la polémica estancia del empresario argentino en Quintana Roo, el gobernador Félix González Canto, dispuso la investigación de la patente de venta de licores de que disfruta el “antro” The One.
El recaudador de rentas del gobierno del estado en la zona norte, Eduardo Novelo Rivero, informó que en los dos primeros meses del año se da el resello de estos documentos y que conforme al Artículo 30 de la Ley de Alcoholes el gobernador del estado puede revocar una patente cuando a su juicio así se requiera por razones de orden público, faltas a la moral, a las buenas costumbres o cuando medie otro motivo de interés general, previa audiencia al afectado, quien también tendrá cinco días para exponer lo que en derecho corresponda.
Argumentó que eso es lo que establece la ley, pero advirtió que debe mediar una denuncia para que proceda la autoridad.
Dicha patente es realmente una curiosidad en la materia, ya que data de hace varias administraciones, es rentada al propietario del The One, y señala en sus apartados el permiso para “cabaret” con lo que es la única en su tipo en todo el estado.
Eduardo Novelo declaró que "si tiene una patente (de venta de alcohol), hay que resellarse en los primeros dos meses del año, porque la patente es equivalente a una concesión".
El procedimiento es el que sigue: se resella en la Dirección de Patentes, se paga en las cajas de la Recaudadora de Rentas, y una vez actualizada la patente para el año en curso, se solicita la licencia de funcionamiento.
Las patentes de venta de alcohol son otorgadas por el gobernador del estado y también pueden ser concedidas por un funcionario autorizado, que puede ser el secretario de Gobierno o el secretario de Hacienda, según lo avale el mandatario estatal que esté en el cargo.
El funcionario destaca que abogado Claudio Lifschitz aseguró que Raúl Martins logró gran parte de su fortuna con la explotación de The One, al amparo de la protección del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz y del empresario Isaac Hamui Abadi.
El abogado insistió en que la impunidad de que disfruta el argentino en la entidad deriva de sus acuerdos, fruto de la corrupción que prevalece en Quintana Roo en los tres niveles de gobierno. Todo ello fortalecido por la serie de amparos que le consiguen sus defensores legales, derecho del que ha hecho abuso.
De esta forma suman fracaso tras fracaso los operativos que buscan aplicar las autoridades de la PGR y del INM a The One, donde se exhiben desnudas bailarinas extranjeras, entre otras actividades que lo han catalogado como el único giro negro que opera en la zona hotelera de Cancún.
Publicado: Año 1 Febrero 2007 / Número 10
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