El hacinamiento de más de mil reos en una cárcel originalmente construida para casi 400 ya había sido motivo de una recomendación por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y fue la circunstancia y situación óptimas para desatar el conflicto en el momento en que era trasladado al penal de Chetumal del líder de la “comitiva”, Marcos Adelaido Hernández Gallego, alias “El Padrino”.
Dicha comitiva tiene el control del interior del penal, en donde se comercializa la protección a internos. el "Padrino" y Bruno Carrillo, un reo ex elemento de la Agencia Federal de Investigación (AFI), organizaban y distribuían metódicamente alcohol, drogas, prostitución y privilegios al por mayor. Las cuotas impuestas varían desde los cinco mil pesos, si el detenido purga su encarcelamiento por robo, hasta 20 mil pesos que pagan los homicidas por no ser molestados; sí los reos reciben visitas de inmediato son extorsionados.
La fuga de los reclusos se registró en las primeras horas del pasado ocho de diciembre. Ésta evidenció diversas irregularidades, como la estancia prolongada de menores de edad, quienes acompañaban desde el día anterior a sus madres en la llamada “visita conyugal”, o la deficiente vigilancia del penal que sólo contaba con 28 custodios por turno, además desarmados.
El caso es que al pasar el tiempo las cifras de prófugos no coinciden según los partes informativos de las corporaciones policiacas en los tres niveles de gobierno, pues el caos que predomina en la cárcel municipal no podía dar un fruto diferente.
El amotinamiento y la evasión de 80 internos dejó un saldo de tres muertos -Miguel Poot Carrillo, José Almeida Torres y José Luis López- y 21 heridos. Se logró la recaptura de 63 reos, de modo que para la autoridad municipal sólo quedaron 16 prófugos.
La revuelta
La rebelión de los internos comenzó a las 6 de la mañana. Fue consecuencia del traslado de un líder de los presos, Adelaido Hernández Gallegos, quien purga una condena a 17 años de prisión por la violación de dos menores de edad. Su transferencia fue ordenada por la Dirección de Readaptación, informó el director de la prisión, Juvenal Reyes Marrufo, debido a que el reo fue sentenciado. La decisión del juez penal que conoció la causa fue ratificada por los magistrados de la Sala Penal, el Juzgado de Distrito y los magistrados encargados de revisar el caso.
Tras una nutrida balacera que pretendió contener la oleada de prófugos -unos 250, según relataron los celadores- los lesionados fueron llevados por elementos de la Cruz Roja al Hospital General y a dos nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Seis horas después de iniciado el motín carcelario el miedo paralizó momentáneamente a los reos. Con sus escasos recursos buscaron inútilmente desmentir la versión que los puso en estado de shock. Desde dentro del penal, a través de un teléfono celular, de esos que dicen las autoridades que ahí no hay, surgió la acusación: “¡les dispararon a quema ropa, los mataron como a un perro!” Sobre el pavimento y las banquetas cercanas a la cárcel aún estaba fresca la sangre de los heridos, pruebas contundentes que se diluyeron posteriormente con una lluvia pasajera.
Así, los familiares de los reos de una cárcel municipal amotinada repetían afuera del penal, casi en la histeria: “ ¡Como a un perro!, ¡como a un perro!”, para después fundirse en abrazos en medio de ahogados. Gritos de dolor al confirmarse el fallecimiento por heridas de bala de José Luis López Jiménez, alias “El Tabasqueño”, de Miguel Ángel Poot Reyes y Alberto Antonio Canché Tuz.
Mujeres, hombres y niños se agolparon en la puerta de acceso del penal, rodeados de las fuerzas policiales, de más de 400 elementos de Seguridad Pública, Policía Judicial y de la Policía Federal Preventiva (PFP), que resguardaban el inmueble.
Al menos 250 internos, tras la destrucción de varios candados, lograron llegar al acceso principal de la correccional para literalmente apabullar la inútil resistencia de 28 custodios, que fueron rebasados fácilmente por la multitud armada con cuanto objeto contundente pudo.
Los reclusos lograron salir a la calle en medio de balazos por lo que hubo más de 20 lesionados. En la trifulca Miguel Angel Poot cayó muerto dentro del penal, otro pereció en su traslado al hospital y el tercero dio su último respiro en el quirófano de urgencias.
Otros de los que ahí purgaban su condena subieron a la azotea del penal con cinco mantas de diversos tamaños para manifestar su repudió al director de la cárcel, Juvenal Reyes Marrufo, y exigir el retorno de Marcos Adelaido Hernández Gallego, alias “El Padrino”.
No obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sólo se apoderaron durante ocho horas del interior del inmueble, aunque el alcalde Francisco Alor al retirarse, casi a las cinco de la tarde, dijo que tenía todo bajo control. Oscureció y algunos internos seguían en el techo, exigiendo comida, mientras los familiares desde afuera intentaban hacerles llegar alimentos.
Versión oficial
El alcalde, Francisco Alor, señaló que en todo momento prevaleció el diálogo para evitar que la fuerza pública entrara a reestablecer el orden. Alor Quezada se entrevistó personalmente con una comisión de 25 internos quienes pidieron que fuera garantizada su seguridad, que se mantuvieran las actividades dentro de la prisión, que no se emprendieran represalias y que las investigaciones sean desarrolladas conforme a derecho.
El hecho es que más de 200 reos alcanzaron en tropel la calle avanzando por la puerta principal, por lo que José Larrañaga Chiquete, subdirector operativo del penal, declaró que “cuando vimos que era una situación muy difícil nosotros nos abrimos, pues qué íbamos a hacer”.
Mencionó que como hay diez reos por celda, les fue muy fácil entre todos reventar los candados, salieron y posteriormente rompieron la puerta de entrada; se nos vinieron encima como 250 y de éstos regresaron unos 200 porque no se querían escapar, sino que protestaban por el traslado a Chetumal de su líder, Marcos Adelaido Gallegos Hernández.
Visita forzosa
El alcalde llegó pasadas las 8 de la mañana de ese día, y salió hacia las 5 de la tarde, cuando dijo que todo estaba bajo control. “Ya entré a la cárcel, estuve recorriendo las celdas, todo está en completo orden, se les pasó médico, revisiones. Lamentablemente tenemos tres personas que fallecieron; las 25 personas que siguen en el hospital están totalmente cubiertas en la cuestión médica. Ahora inicia el pase de lista y estaremos hablando de entre 16 personas (las prófugas); vamos a ver ya el resultado final del pase de lista y con eso, contabilizarlos”, citó.
Luego de que 28 policías fueran los encargados de custodiar el penal, la presencia de al menos 400 agentes policiacos fue indispensable para controlar el estallido. Al respecto, Alor Quezada dijo que se contó con el apoyo de Seguridad Pública del estado, de la Policía Judicial del Estado y la PFP.
El edil mencionó que “en los casos de traslados de reos se enfrentan trabas legales que se llaman procesos de dilatación, en los cuales los presos tratan de retrasar el traslado, cuando al tener conocimiento de que saldrá su sentencia apelan a las instancias correspondientes. Sin embargo, una vez que se llega a la última instancia, inmediatamente procede de la dirección del Centro de Rehabilitación que se remita a la ciudad de Chetumal para purgar su condena. Eso fue lo que ocasionó la molestia de un grupo numeroso de reos”.
Los amotinados destruyeron los archivos electrónicos y otras formas de registro de la población carcelaria, por lo que las autoridades tardaron varios días en identificar a los prófugos. “Estamos coordinándonos con todas las policías. Necesitamos tener las fotografías; una vez que hagamos la contabilización, las fotografías se circularán para tener la cooperación de otros estados también”, mencionó Alor Quezada.
Las armas
Por su parte, el procurador del estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo dijo que en relación con la fuga de reos, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo inició la Averiguación Previa ZN-CAN-5400/12/06 por los delitos de evasión de reos, homicidio, lesiones y lo que resulte, mediante la cual quedaron concentrados los hechos que motivaron dichos acontecimientos.
El procurador general de Justicia del estado, informó que la instrucción judicial solicitó la colaboración de las procuradurías de Justicia de la zona del sureste para lograr la reaprehensión de los prófugos que posiblemente hayan huido a otros estados.
El primer abogado estatal dio una evaluación de los acontecimientos de los hechos, al señalar que durante la madrugada del viernes, a raíz del traslado de 37 reos a la cárcel de Chetumal, se originó un motín de reos, provocando la fuga de aproximadamente 90 reclusos y tres personas muertas por arma de fuego.
Bello Melchor Rodríguez informó que de acuerdo con los estudios periciales la investigación arrojó que se utilizaron armas de calibre 12 y 38, y también se practicaron exámenes toxicológicos a los 62 reos, y se detectó que 20 personas dieron positivo a cocaína y marihuana, de los cuales 13 se les detectó el consumo de marihuana, siete a cocaína, y otros 12 dieron negativo al consumo de drogas.
Se buscan prófugos
La Procuraduría General de la República (PGR) coadyuvó con las autoridades de Quintana Roo en las investigaciones de búsqueda de los reos de la Cárcel Pública Municipal de Cancún que se dieron a la fuga el pasado ocho de diciembre, durante un amotinamiento de aproximadamente mil internos en dicho centro de reclusión.
Autoridades federales y locales se reunieron ese día en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para coordinar la búsqueda de los prófugos de la Cárcel Pública Municipal de esa ciudad.
Entre las personas que resultaron muertas durante el incidente se encontraba José Luis López Jiménez -sobrino de Maritza Burgos, una de las principales líderes de las colonias en Cancún- además de Miguel Ángel Pot Carrillo y José Luis Almeida Torres.
El presidente municipal de la localidad reiteró la necesidad de la construcción de un Centro de Readaptación Social (CERESO) y solicitó el apoyo de las autoridades federales para coordinarse en la búsqueda de los 17 reos prófugos. |
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El líder
Marcos Adelaido Gallegos Hernández, ahora preso en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, es oriundo de Acapulco, Guerrero. Nació el 26 de marzo de 1977, soltero, comerciante. También es conocido con el nombre de “Mario Antonio Gutiérrez Reyes” y “Eusebio Reyes Gutiérrez”.
Fue detenido por el delito de allanamiento de morada, lesiones y portación de arma prohibida. Sentenciado y condenado a cumplir dos años y 6 meses de prisión, de acuerdo con la notificación del juez segundo penal de primera instancia a esta cárcel pública municipal, mediante oficio número 9381/2003-j.
Además, fue juzgado por el delito de violación. El interno ingresó en la cárcel pública municipal por ejecución de aprehensión y se dictó auto de formal prisión el 16 de agosto de 2000. Fue sentenciado en fecha 10 de abril de 2001 a cumplir una condena de 17 años en la cárcel.
Inconforme con la sentencia, Gallegos Hernández apeló ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y se confirmó el fallo el 9 de diciembre de 2004.
El interno promovió amparo directo, numerado como 111/2005, ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mismo que le fue negado en definitiva el 11 de mayo de 2006. En esta causa penal se destaca que el reo fue acusado por el delito de violación de dos menores, y el último amparo contra traslado fue sobreseído. |
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Publicado: Año 1 Enero 2007 / Número 9
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