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QUINTANA ROO  

Incendios Provocados con fines de Lucro

Mauricio Conde Olivares
En Cancún sobreviven en pésimas condiciones más de 33 mil personas en 45 asentamientos considerados por las autoridades como irregulares, núcleos poblacionales que han crecido al margen de la legalidad, producto de las corruptelas entre ejidatarios y fraccionadores quienes cobran sus lotes en mensualidades de entre mil 200 y mil 500 pesos por predios valuados en más de 70 mil pesos

 


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Este es el apetitoso botín económico que buscan acrecentar los propietarios ejidales, quienes por medio de manos criminales han incendiado zonas de arbustillos y selva cercanas a áreas pobladas, de un total de diez mil hectáreas siniestradas en el estado de Quintana Roo.

Por ello, primero el gobernador Félix González Canto mencionó una posible veda durante 20 años en la posibilidad del cambio de uso de suelo en áreas siniestradas a propósito, pero marcó su distancia de un proceso de expropiación de los predios.

Cuando se le preguntó acerca de las quemas clandestinas, el ejecutivo estatal dijo que “por desgracia nos estamos enfrentando a gente inconsciente, a vandalismo de todo tipo.

Por eso hacemos el llamado a la población para que nos ayude a vigilar, porque sí hemos detectado que hay incendios que se apagan y a los pocos días los vuelven a prender”.

Mencionó que los incendios cercanos al Aeropuerto Internacional de Cancún incomodan el aterrizaje de los aviones, “porque cuando aterrizan se meten en el humo. Es una humareda que va muchos kilómetros atrás, muchísimos kilómetros atrás, inclusive huele cuando el avión va aterrizando, pues los pilotos tienen que decirle a los pasajeros que no se preocupen, que hay incendios forestales en la región y que lo que están sintiendo es humo del monte que se está quemando”.

Ricardo Pech, titular del Instituto del gobierno estatal encargado de dotar de vivienda social en la entidad, Infovir, pugnó por la expropiación de los terrenos que fueron incendiados a propósito, con la finalidad de que el organismo que preside recupere su reserva territorial en beneficio de aquéllos que demandan un lote para vivienda digna en Quintana Roo.

Pech aclaró que el tema de la veda requiere análisis y pudiera impactar, dependiendo de la superficie que haya sido quemada, en el costo de la tierra, sobre todo en el costo en la tierra de uso social, ésa a la que nosotros encaminamos nuestro servicio, nuestro trabajo.

Aseveró que si Infovir no tiene la tierra no podría desarrollar un área de vivienda social: yo creo que sí habrá que sancionar a quienes intencionalmente están quemando la selva del estado, es un crimen ecológico y es un crimen social, expuso.

Para este funcionario estatal los incendiarios no midieron la magnitud de los daños que pudieran causar, “tan solo con el aeropuerto tendríamos más que suficiente para con un incendio cercano al aeropuerto cancelar todos los vuelos en el destino, qué no estamos para eso después de un huracán”.

Es un problema serio y delicado, reiteró, “creo que hay que prevenir, que hay que castigar a los responsables de manera muy contundente, incluso por la vía penal, y hasta creo que esas áreas son susceptibles de ser expropiadas para una utilidad pública porque ésta sería la peor sanción que pudiéramos darle a los que están atentando contra la economía del pueblo más importante del país”.

Porque, agregó, están atentando contra la ecología, contra las especies que son endémicas y contra el futuro desarrollo de este municipio, el más importante del país en materia turística.

Entiendo, detalló, “que ecológicamente la consecuencia primera es lo que tarda la selva en reconstituirse, sin embargo vemos que de los incendios que ocurrieron después del huracán Gilberto éstos aún no se han recuperado formalmente, basta sobrevolar para checarlo”.

Afirmó que ante esta actitud irresponsable hay que ser muy duros, “hay que sancionarlos muy estrictamente. Yo creo que lo que sigue es expropiar”. Insistió al respecto que hay dos vías, la ley establece que puede ser por parte del municipio o del gobierno del estado. Sin embargo aclaró que la posibilidad de la veda por 20 años en los cambios de uso de suelo de las áreas siniestradas es una medida que surge en estos momentos como una reacción, no es una medida que se haya planeado con anticipación, es algo que habrá que ventilar con la opinión pública, para concretarlo.

Refirió que merece una opinión generalizada, “todo depende de la superficie quemada, si ésta es muy grande equivale a incrementar el valor de la tierra circundante a la mancha urbana”. Nosotros requerimos reservas, y una expropiación resolvería nuestro problema de inmediato pues hay que pensar no sólo en las grandes viviendas de zonas residenciales, sino en viviendas para un trabajador que no pueda acceder a créditos y al mercado de instituciones financieras.

Es importante considerar el monto de las hectáreas que se queman, pero en principio esta medida es acertada pues frena a la gente que está viendo el dinero a corto plazo en lugar de ver el interés general a mediano y largo plazo.

Rafael León Negrete, secretario de Desarrollo Agropecuario e Indígena, declaró que hará la solicitud formal a los gobiernos estatal y federal para recuperar como terrenos de utilidad pública aquéllos que comprobadamente fueron siniestrados intencionalmente para fincar lotes destinados a futuro a casas habitación.

Dijo que la Procuraduría General de la República indaga este tipo de actividades por parte de las desarrolladoras y propietarios de predios que buscaban un beneficio causando incendios. La propuesta consiste en la recuperación total de los predios y la puesta en veda de todos ellos por lo menos durante 20 años, después de que se haya confirmado que los incendios han sido causados abiertamente.

Indicó que por ejemplo, tres incendios que fueron sofocados, posteriormente fueron prendidos: se trata de los predios cercanos al ejido AlfredoV. Bonfil, Leona A Vicario y de Emiliano Zapata.

Ahí con galones de gasolina y otro material inflamable reiniciaron las conflagraciones, además de que en el ejido Emiliano Zapata fueron capturadas dos personas en estas ilícitas actividades, mismas que fueron turnadas al agente del Ministerio Público Federal. En dicha indagatoria además de la PGR participan Semarnat y la Profepa.

“Se trata de una respuesta firme a todo lo que está ocurriendo, porque han provocado muchos incendios y por ello no hemos podido controlarlos porque apagamos uno un día y sale otro al siguiente. Es molesto y me parece una burla, porque no es posible que se trate de lucrar de esta manera y mucho menos confrontar a la naturaleza de esa manera, porque no es posible que se provoque el fuego para tener un terreno o sacarle demasiado provecho”, argumentó.

La Sedari considera que tres de cada cuatro incendios combatidos en el municipio de Benito Juárez han sido provocados, situación que forma parte de las investigaciones de las dependencias federales.

La solicitud de Sedari recomienda que los primeros terrenos que podrían ser recuperados y puestos en veda serían los del ejido Alfredo V Bonfil, ya que éstos son los que podrían ser utilizados de inmediato para su construcción por los accesos que se han construido.

Publicado: junio 2006 / Número 2



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