Mide aproximadamente 1.82 metros de estatura, su tez es blanca con rasgos caucásicos y barba de candado, acostumbra el pelo largo. Luego de la masiva difusión de los videos de Al Qaeda se fortaleció su mote de “El Talibán”, y tres de sus hechos delictivos, conforme con retratos hablados de diferentes testigos, lo ubican como el principal protagonista de las más sanguinarias ejecuciones y “desapariciones” que tienen lugar en Quintana Roo provocadas por el dominio de la plaza entre los carteles del narcotráfico.
Tras los “ajusticiamientos” y “levantones”, casi 20 elementos federales terminaron en la cárcel, y ha sido renovado completamente el personal de la Procuraduría General de la República en la entidad hasta en tres ocasiones; También la policía preventiva de Cancún fue depurada de más de 400 elementos. Estas han sido, entre otras, algunas medidas de los tres niveles de gobierno, pero del 2004, cuando ocurrieron las narcoejeciones, a la fecha nada ha cambiado.
En el principal destino turístico del país han sobrevivido más de 300 narcotienditas donde, impunemente, las 24 horas del día se comercializan estupefacientes ante la complicidad o negligencia de las autoridades en turno.
Desde hace dos años la sola mención del “Talibán” causa escozor entre los integrantes de los cuerpos policiacos, más entre aquellos que tienen que enfrentar su diaria labor desarmados, como ocurría con el ultimado ex jefe de Estado Mayor de la policía preventiva de Cancún, coronel Wilfrido Flores Saucedo.
El gatillero saltó a la fama a consecuencia de las 12 narcoejecuciones que ocurrieron en este destino turístico en noviembre del 2004, cuando sobrevivió a la masacre que realizaron ex integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en la casa de Retorno Real de Minas número 9, supermanzana 45, lote 3, manzana 2, del condominio Hacienda Vallarta, una casa de seguridad que los “Zetas” tenían en el centro urbano.
En ese domicilio fueron ultimados, luego de una balacera, cuatro de los cómplices del “Talibán”, entre ellos el ex cabo de infantería Josué Alejandro Gómez Gómez, dado de baja del servicio activo, quien en el momento de intervención policiaca estaba en la casa con Daniel Tristán, Rafael Ramírez y Joe Silva.
El “Talibán” huyó de la emboscada en compañía de más de siete sujetos, entre ellos tres de apellidos Velásquez, Camarillo y Martínez, los cuales habían llegado por la vía aérea a Cancún entre octubre y noviembre de 2004, procedentes de Monterrey.
De la casa de Real de Minas, los ex policías hoy presos en el penal de Mérida, Yucatán, sustrajeron droga, dólares y una computadora con información de las actividades del Cartel del Golfo en Quintana Roo, pero poco les duró el gusto porque el “Talibán” urdió su revancha tan pronto aparecieron “encobijados” Julio César Navarro, Antonio Gordillo y Juan Castillo, sicarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que fue el detonador final de otras nueve sanguinarias muertes de agentes judiciales federales y sus “madrinas”.
El “Talibán” con los sobrevivientes del ataque a la casa de Real de Minas, más otros gatilleros provenientes de Nuevo Laredo, aglutinó un comando de 13 sicarios para tomar revancha del “apañón” donde murieron sus cómplices.
Funcionarios cómplices del narco
Con ayuda de personal sobornado dentro de la delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad, el comando de sicarios encabezados por el “Talibán” ubicó a sus primeras víctimas en la casa número 14 de la calle Langosta, supermanzana 27, donde comenzó el “levantón” de lo que a la fecha es una de las más cruentas ejecuciones del narcotráfico en la entidad.
Al intervenir las autoridades judiciales por las narcoejecuciones, entre ellas de tres elementos de la AFI, la juez tercero de distrito de Yucatán, Mayra González Solís, dictó auto de formal prisión contra 19 personas.
Entre los detenidos se enlistó a Guillermo González Sobrado (a) “El Tigre”, María del Carmen Gómez Lavín (a) “La Prieta”, Armando Alfredo Villalobos Valdés, Gregorio Mejía Pérez, Sergio Villalobos Flores (a) “El Checo”, Juan Espinosa de la Rosa, Rubén Cecilio Rodríguez, Guadalupe Hernández Hernández (a) “El Caballo”, Felipe de Jesús Argüelles Mandujano (a) “El Rayo”, Raúl León Castro, María de Lourdes Gómez Peña (a) “La Lulú”, Gustavo Mendoza González, Jesús Arturo Herrera Villarreal, Armando Alfredo Villalobos Valdés, Ramón José Pérez y/o José Ramón Pérez, José Guadalupe Chagoya Martínez, José Luis Guzmán Rodríguez (a) “El Durango”, Víctor Gabriel Argaez Solís y Everardo Castro Colorado (a) “El Colorado”, como responsables de cometer delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
Todos ellos, servidores públicos acusados de aprovechar su cargo, autorizar, tolerar delitos contra la salud y de colaborar de cualquier manera para posibilitar la ejecución del tráfico y comercio de estupefacientes.
Además por el ilícito de actuar “contra la Administración de Justicia previsto y sancionado por el artículo 225 fracción VII del Código Penal Federal, en la hipótesis del servidor público que incurra en omisiones que concedan a alguien una ventaja indebida, y por lo que respecta a Sergio Villaseca Flores y Guillermo González Sobrado, por la fracción XVIII en la hipótesis del servidor público que practique un cateo fuera de los casos autorizados por la ley”.
A los procesados se les acusó de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico y comercio de droga en Quintana Roo que aprovechándose de su cargo como servidores públicos brindaban protección para la venta de cocaína en las llamadas “narcotienditas”.
En marzo del año pasado, la juez Mayra González Solís decretó también la liberación por falta de elementos probatorios a favor de Josefina Salas Real, Mario Olivares Molina y Domingo Martínez Rodríguez.
Secuestros y ejecuciones
El “Talibán” no sólo logró su venganza sino también destruyó, con la ayuda involuntaria pero obligada del aparato legal federal, el entramado de corrupción e ilegalidades que imperó, en ese tiempo, en la delegación de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo.
Mientras la venta al narcomenudeo en Cancún no ha disminuido, la imagen del “Talibán” se mitificó y en los expedientes de la AFI quedó su retrato hablado aportado por testigos en las narcoejecuciones.
Otro retrato hablado del “Talibán” surgió a consecuencia del “levantón” que sufrió el pasado 26 de mayo el tesorero del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, Fermín Hernández Serrano, luego que mediante argucias legales logró que una de sus clientes, esposa de un narcotraficantes ultimado en Veracruz, se apoderara de bienes y dinero que había depositado el finado en una caja de seguridad bancaria, todo ellos propiedad del Cartel del Golfo.
En esa ocasión el gatillero se acompañó de dos de sus cómplices para secuestrar al abogado. El hecho se dio en sus propias oficinas, donde dejó maniatada y amordazada, dentro del cuarto de baño, a la secretaria. A la fecha, no hay reportes de que haya aparecido la víctima.
El tercer retrato hablado con los rasgos físicos del “Talibán” se dio un mes después con base en las descripciones de los testigos del ajusticiamiento de quien fuera jefe del Estado Mayor de la policía preventiva de Cancún, coronel Wilfrido Flores Saucedo y su chofer, el agente Alejandro Morales Xicoténcatl, quienes fueron “rafageados” con proyectiles de rifles AR-15.
Momentos después los agentes policiacos encontraron abandonada una de las camionetas utilizadas por los sicarios, misma que había sido robada en Laredo, Texas y a la que le sobrepusieron placas tramitadas irregularmente en el vecino municipio de Isla Mujeres.
La SIEDO interroga en la capital del país a uno de los involucrados en el indebido trámite de las placas, Swal Jesús Perquía Tilitl, quien fue responsable de la seguridad privada en uno de los giros negros que existen en la zona hotelera, el “The One”.
El coronel Wilfrido Flores Saucedo utilizaba la patrulla 5024 y la misma no dejó ninguna huella de enfrenado brusco a la hora del atentado, por lo que se fortaleció la hipótesis de que conocía a quienes lo ultimaron.
Las narcotiendas
Diversos documentos confirman la información que turnó el coronel Wilfrido Flores Saucedo, poco antes de ser asesinado, a las autoridades federales del país, así como a Inteligencia Militar, que refieren con detalle la ubicación, modus operandi y nombres o características de los distribuidores de enervantes de 300 “narcotienditas” tanto en la zona hotelera, en el área urbana, como en diferentes delegaciones.
Cabe destacar que el listado más reciente de los inmuebles donde tienen lugar las operaciones de compra/venta de droga no es el primero que se difunde en la entidad, sólo que el presentado por el coronel Flores cuenta en sus observaciones con fechas recientes que van de diciembre del 2005 a abril del presente año.
Por ejemplo, menciona que el pasado 30 de diciembre se efectuó un operativo en un domicilio de Prolongación Torcasita, esquina con avenida de las Torres, donde se logró la detención de cuatro sujetos en posesión de crack y marihuana, así como 38 mil pesos, lo que dio inicio a la averiguación previa AP-PGR/QROO/CAN/559/2005-I.
Así, el listado elaborado por el extinto coronel detalla la dirección del inmueble en cuestión, el tipo de droga que ahí se expende, el modus operandi y en un apartado especial refiere las llamadas “observaciones” con las características de los distribuidores (entre los que identificó a un oficial de Seguridad Pública de iniciales EGZ), placas de vehículos involucrados y datos de sus propietarios.
De esta forma enumeró horarios y puntos de venta, como escuelas, domicilios privados, minisupers, bares, discotecas, restaurantes, puestos de comida, mercados de artesanías, negociaciones detallistas; talleres mecánicos, eléctricos o de hojalatería, la cárcel municipal, refaccionarias, talleres de bicicletas, lavaderos de carros e incluso distribuidores de comida para los trabajadores involucrados en la reconstrucción de Cancún, así como vendedores ambulantes de pan en las región y taxistas.
Las revelaciones del coronel Wilfrido Flores Saucedo involucran los nombres y direcciones de algunos dueños de bares, de trabajadores del volante y sus teléfonos celulares, de meseros y familias completas que se dedican a la venta de diversos estupefacientes.
El coronel informó además que más de 400 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública se encontraban involucrados en ilícitos, extorsiones y corruptelas de todo tipo vinculados con su tarea de servicio a la población.
Ver tabla de narcotiendas
Publicado: Año 1 Agosto 2006 / Número 4
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Chiapas 