Cancún capital del tráfico de mujeres

El primero de julio ella apareció en una de las avenidas más importantes de Cancún, la Andrés Quintana Roo. Se le veía desesperada. Su pantalón de mezclilla azul y playera estaban rotos, además olía mal. No hablaba español, por lo cual nadie entendía sus palabras entre desesperados sollozos; sin embargo, un buen samaritano, comerciante de la plaza, decidió hablar a la policía local pues algo tenía que hacerse.

Su nombre es Li Ye Chin, de 34 años de edad. Fue plagiada en Nicaragua y traída hasta Cancún, en donde estuvo tres semanas confinada en un domicilio desconocido.

Sus raptores la sometieron a tortura física y psicológica, sin que esto originara investigación alguna por parte de las autoridades. Todas, entre ellas la policía local, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría General de la República (PGR), trataron el caso como un problema más de indocumentados y por lo tanto Li Ye Chin fue deportada a China, su país de origen, ya que no traía consigo los documentos que justificaran su estancia legal en México.

Lo del plagio, la tortura, el abuso sexual y la privación ilegal de la libertad, no tuvieron importancia. Es más, hubo prisa para que esta persona dejara, primero Cancún, y luego el territorio nacional. El 6 de julio Li Ye Chin ya había abandonado el país.

Indudablemente las autoridades le dieron al caso un trato especial, pero sólo para que la mujer saliera de México, pues en otras situaciones, como por ejemplo las decenas de balseros cubanos que constantemente arriban a Quintana Roo, pasan hasta 60 días confinados en los separos migratorios ubicados en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los hechos concretos ubican a una mujer a las 11:40 horas en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Kinic el sábado 1 de julio.

El reporte de la patrulla 5061 ubica a “una persona del sexo femenino que se encontraba llorando y alterada, por lo que nos aproximamos, siendo el caso que no pudo decirnos qué le sucedía en virtud de que es extranjera...”.

Según testigos de ese momento, la mujer no intentó huir de la policía, al contrario, al verlos corrió hacia ellos. Hablaba ininterrumpidamente cosas que nadie entendía. A simple vista pedía ayuda.

Incluso ante la imposibilidad de comunicar el porqué de su desesperación Liye Chin trepó en la camioneta y se refugió en uno de los rincones de la misma, como si dependiera su vida de esto.

“Apenas nos vio corrió hacia nosotros, estaba llorando, no le entendía ni madre... me abrazó fuerte... probrecita, me causó mucha pena”, dijo el policía que le dio asistencia.

Hubo que traer al comerciante local Fu Chen Li, quien tradujo lo que la mujer había mencionado. Fue así como se supo que el 13 de junio salió de manera voluntaria de su país hacia Nicaragua, ahí tomó una embarcación hacía México en donde fue sometida, encerrada en una bodega y abusada por un tiempo que no pudo precisar.

Dijo que al llegar a tierra, aparentemente Cancún, fue subida a un vehículo y encerrada en una casa donde continuaron los maltratos y las vejaciones.

Aunque no explica los detalles de cómo logró escapar, menciona que logró hacerlo el mismo día en que fue encontrada por la policía local, el 1 de julio, 18 días después de la salida de su país de origen.

Luego de esto vinieron los trámites. El registro de los hechos en la policía local y posterior puesta a disposición, a las 16:20 horas, al INM para que iniciaran las investigaciones correspondientes, mismas que jamás comenzaron.

El lunes, 3 de julio, los agentes migratorios confinaron a la ciudadana china a los separos del aeropuerto, donde le tomaron su declaración y de inmediato determinaron que lo conducente era la deportación, porque “no estaba legalmente en el país”, dijo la vocera de la dependencia federal, Claudia Teller.

De los atropellos cometidos en contra de la joven mujer china, dijo que la dependencia de manera oficial no sabía nada.

De la omisión federal a la estatal

La policía local tampoco hizo nada, el día de los hechos ni siquiera se montó un operativo para ubicar el domicilio del que Li Ye había escapado, pese a que fue el mismo coronel Octavio Alfonso Collado Hernández, director de la policía municipal, el primer alto mando en saber de la privación ilegal de la mujer asiática. Lo único que hizo fue deshacerse del caso, se lo pasó a Migración.

Este funcionario ni siquiera se lo reportó a la Policía Judicial del Estado. Aun cuando existía la presunción de la comisión de delitos del fuero común, como lesiones o supuesto lenocinio, en el INM se le dio celeridad a la deportación e inmediatamente después “carpetazo” al asunto.

En la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo se conoció el caso, pero al tratar de verificar las condiciones físicas y mentales de la mujer, ésta ya no estaba en Quintana Roo, y con la confirmación de su ausencia no se siguió ninguna investigación. Además, un comentario de la ombusdman de Cancún, Laura Susana Martínez, provocó irritación en organismos defensores de los derechos de la mujer, cuando la funcionaria contestó acerca de la existencia de una supuesta trata de personas: “no, no, no, ella lo que decía es que pudo haber sido secuestrada y maltratada, nada mas”.

Una de las mujeres que mostró su indignación fue la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, quien de entrada dijo que el caso de Li Ye no es aislado, y que Quintana Roo se ha convertido en un sitio de tráfico de personas, mujeres en su mayoría, provenientes de Centro y Sudamérica, aunque también tiene documentado casos de lugares muy distantes, como de países asiáticos e incluso de África.

Cacho Ribeiro, directora del Centro Integral y Atención a la Mujer (CIAM), en Quintana Roo, dijo que en el sureste del país existe otra modalidad para la prostitución forzada con mujeres provenientes de China, Hong Kong, Singapur, Rusia, en donde las mujeres son contratadas como esposas o novias para traerlas a México, pero que al entrar en nuestro país le son retirados sus documentos y forzadas a ejercer el comercio sexual en centros nocturnos.

Quintana Roo, específicamente Cancún, al igual que lugares como Tamaulipas, Ciudad Juárez, Tijuana y, por supuesto, Monterrey, se están convirtiendo en focos rojos en el tráfico de mujeres para fines de comercio sexual.

“De hecho en Quintana Roo se han tenido varios casos en los últimos dos años de mujeres de Venezuela, Colombia e incluso de Chechenia, que han sido traídas con engaños argumentándoles que van a ser modelos y una vez que llegaron a este país fueron esclavizadas”

La periodista (quien tiene documentados estos casos que mencionó en los registros del CIAM) denunció la participación de funcionarios intermedios del Instituto Nacional de Migración sin la cual no podrían darse estos casos de prostitución forzada en Quintana Roo, dijo que se trata de una red de mandos medios en las corporaciones federales, entre ellas la PFP, que permiten el tráfico ilegal de mujeres que terminan en los bares de la localidad ejerciendo el turismo sexual de “alto nivel”.

Explicó que se trata de una protección establecida para permitir la llegada de estas mujeres a casas de seguridad, como en la que estuvo Li Ye Chin, las venezolanas que llegaron al CIAM o el caso de un grupo de cubanas, hace algunos años.

Y aunque mencionó que por la secrecía con la que está obligada a manejar los casos que lleva el CIAM relacionado con el tráfico ilegal de personas, aseguró tener nombres y testigos que pueden identificar de manera fehaciente a los agentes de migración que se prestan para facilitar el comercio sexual de extranjeras en Cancún.

Historias oscuras del INM

La historia de irregularidades y corruptelas de la delegación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo tiene varios capítulos: entre ellos, la paulatina destitución de sus principales representantes en la entidad, como el mismo delegado Egdar Orozco López, acusado de nepotismo pues su primo hermano, Fernando López Cabrera y su cuñado Juan Moreno Casas, ocupaban los cargos de subdelegados en Cozumel y en Playa del Carmen, respectivamente.

Luego de una investigación que llevó once meses a las autoridades del INM, Orozco López fue destituido. Estuvo al frente de la institución cuando se comenzaron a escapar los inmigrantes de las estaciones de Cancún y Chetumal, principalmente los de origen cubano, que tan sólo en este año suman más de 200 los que han sido capturados, pero otro número mucho mayor son los que han logrado su propósito de internarse en suelo mexicano para llegar con “pies secos” a Estados Unidos, donde pueden acogerse a la Ley de Asilo.

Fue también destituido el ex subdelegado del INM en el aeropuerto internacional de Cancún, Roberto Martín Ortega, quien fue señalado por los abogados de los indocumentados detenidos como el principal responsable de malos tratos y violaciones a los derechos humanos de los extranjeros caídos en su poder.

En el crisol de la corrupción también se encuentran los dueños de prostíbulos en los que trabajan como sexoservidoras y bailarinas, las extranjeras indocumentadas o que fueron introducidas legalmente en el país pero quienes no tienen permiso para trabajar, en algo que les significaban fuertes cantidades en dólares.

Las bailarinas extranjeras, con el respectivo anonimato, mencionaron que tienen que dar mil dólares mensuales para evitar ser deportadas a sus países de origen, como Hungría, Estados Unidos, Brasil, Cuba, entre otros, y citaron como agentes extorsionadores a Ricardo Álvarez, Roberto Pérez Cabrera y Daniel Pérez Romero. Éste último era el chofer del ex delegado del INM en la entidad y ha sido indiciado formalmente por extorsión.

Las extorsiones de las autoridades de migración iban desde dejar de aplicar la legislación migratoria hasta inventar requisitos a fin de entorpecer cualquier regularización. Todo ello sujeto al capricho del oficial en turno quien tiene el poder de rechazar las solicitudes y obstaculizar los trámites.

Los agentes del INM piden requisitos ilegales, es decir, exigen que el solicitante acredite el dominio de idiomas, que facilite el listado de empleados vigente con valor probatorio, como nóminas ante el IMSS, o que acrediten haber dado cumplimiento a la NOM-69-Tur-02, cuando todo lo anterior no está incluido en el Manual de Trámites Migratorios, incluso la norma de la Secretaría de Turismo no está vigente por lo que piden algo que las extranjeras ilegales jamás podrán cumplir.

Incluso las tarifas para evitar deportaciones no bajan de tres mil dólares y llegan a ser extratosféricas; además esta delegación se convirtió en el peor enemigo de los doce mil residentes extranjeros, acreditados legalmente en la entidad, ante los abusos cometidos con el pretexto de verificar el estatus migratorio.

Una de las principales acusaciones por parte de los extranjeros en Cancún es que la legislación migratoria tiene 90 días para resolver un trámite pero llegan a hacerlo hasta en nueve meses, todo ello en un marco de falta de recursos humanos y materiales donde todo mundo hace de todo.

La vergüenza es la estación migratoria en el aeropuerto local pues el INM tiene únicamente un cuarto de cuatro por cuatro metros donde hacinaban a los extranjeros, luego optaron por trasladarlos a sus oficinas en Chetumal, pero ésta parecía coladera pues un día sí y otro no se les escapan los indocumentados, quienes llegan a tener en su haber varias recapturas.

Otro filón de oro de esta corrupción lo comprenden los ilegales oriundos de Cuba, donde el tráfico de indocumentados tiene sus vínculos con terroristas anticastristas, como Luis Posada Carriles, Santiago Álvarez Magriñá y la Fundación Nacional Cubano Americana.

Aquí hablamos de cómo el aeropuerto internacional de Cancún se convirtió en trampolín para indocumentados de varias nacionalidades entre ellos centroamericanos, chinos, cubanos y sudamericanos. Incluso para justificar la labor de los agentes migratorios continuamente capturan a guatemaltecos y hondureños que pretenden abordar algún vuelo que los acerque a la frontera norte del país.

La corrupción ha llegado al grado de que los indocumentados llegan por docenas en vuelos privados a la Terminal FBO. Así ocurrió con 22 indocumentados chinos que lograron pasar sin problemas la estación migratoria, pero fueron detenidos por agentes de la PFP.

La inmigración ilegal de los cubanos es lidereada por el cubano americano Alejandro Castro, quien desde Miami, y ocasionalmente en Isla Mujeres, constata el éxito del tráfico de sus connacionales quienes en su paso por el territorio del estado usan los hoteles del área urbana y casas propiedad de cubanos residentes desde hace varios años.

En esta cadena de “polleros” laboran pescadores locales y de Yucatán, así como propietarios de yates que acechan en las aguas internacionales el paso de los balseros cubanos, quienes tienen su punto de partida preferido en Pinar del Río.

Cuando los ilegales son rescatados por estos yates, pasan sin ningún problema como turistas al arribar a Isla Mujeres o Cozumel, de ahí llegan a Playa del Carmen o a Puerto Juárez para emprender su traslado por carretera hacia el norte del país, en operaciones que en lo individual reditúan a los polleros entre seis y diez mil dólares por persona.

Desde hace un año se investigaba al ex delegado Egdar Orozco López, removido el mes pasado, incluso en septiembre de 2005 el supervisor regional de la Secretaría de la Función Pública en Cancún, Juan Aguilera, dijo que el caso estaba sujeto a investigación luego de que trascendieran que varias extranjeras eran utilizadas como sexoservidoras bajo el chantaje de que les liberarían sus papeles, además de que tienen que pagar cinco mil dólares para regularizarlas luego que ingresaron al país ilegalmente.

Publicado: Año 1 Agosto 2006 / Número 4